Según la Constitución Federal, la irrupción de la Policía Militar en territorio indígena es ilegal.  

En la mañana de este miércoles, el Consejo Indígena Misionero (CIMI) reportó la invasión de las Tropas de Choque de la Policía Militar de Mato Grosso do Sul en la aldea de Jaguapiru, en la Reserva Indígena de Dourados, Brasil.

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Los indígenas residentes de la aldea realizaban una protesta pacífica para denunciar la falta crónica de agua que aqueja a una parte importante de la población de la Reserva de Dourados desde hace décadas, según CIMI.

La Policía Militar de Mato Grosso do Sul irrumpió en el lugar para sofocar la protesta, en la que disparó a quemarropa contra dos guaraníes participantes, suceso que se muestra en un video publicado por el Consejo.

En la publicación los agentes tiran a un hombre al suelo y una mujer intenta intervenir, momento en que la Policía dispara contra el suelo.

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Asimismo, una mujer termina siendo golpeada en la pierna por los agentes, quienes también arrojaron bombas a la comunidad y arrestaron brutalmente a un grupo de indígenas.

Según la Constitución del país, la zona indígena es de jurisdicción federal, por lo que la actuación de la Policía Militar en la aldea de Jaguapiru es ilegal.

La violenta irrupción de las fuerzas policiales en la reserva indígena se produce luego de que fracasara un intento de llegar a un acuerdo para poner fin a las protestas.

De acuerdo con Campo Grande News, la Secretaría de Estado de Justicia y Seguridad Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul envió un documento oficial comprometiéndose a perforar dos pozos en la reserva con un presupuesto de 250.000 reales ( cerca de 42.490 dólares).

Los líderes de la aldea no aceptaron la propuesta, por lo que mantuvieron los bloqueos en las carreteras, alegando que el monto era insuficiente y exigiendo también la inmediata perforación de pozos.  

Según declaraciones de la Secretaría, la Policía Militar invadió el lugar para despejar las carreteras estatales que estaban bloqueadas debido a la protesta, después de que se agotaron «todas las vías de negociación».

Aty Guasu y el Consejo Terena, así como CIMI y otras organizaciones de apoyo a los pueblos indígenas, han denunciado la naturalizada violencia policial en Mato Grosso do Sul contra los pueblos indígenas, con desalojos ilegales, detenciones no provocadas, implicaciones con milicias ruralistas y fuerte represión de protestas pacíficas.

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